Rio Negro. Legisladores del Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) advierten sobre las consecuencias negativas que tendría el proyecto propuesto por el bloque CC ARI Cambiemos, en línea con lo que sanciono el Congreso Nacional en la Ley Bases, que establece el “Silencio Administrativo Positivo en Río Negro para cualquier trámite administrativo dentro del Estado provincial.
De aprobarse esta normativa, los mismos deberán ser resueltos y respondidos en el plazo máximo de sesenta 60 días y en caso de silencio de la Administración el mismo debe ser considerado como positivo a lo solicitado o reclamado.
Desde la bancada peronista aclararon: “Con el silencio administrativo daríamos un paso hacia la entrega del patrimonio provincial, el debilitamiento del Estado y la desprotección de los rionegrinos frente a los sectores más poderosos”.
“La propuesta para implementar el Silencio Administrativo Positivo en Río Negro no es una medida inocente para agilizar trámites, como se pretende justificar. Detrás de esta iniciativa se esconde un mecanismo que flexibiliza los controles, debilita el rol del Estado y entrega, en manos de intereses privados oscuros e inconfesables, el patrimonio, los bienes y los servicios públicos esenciales de nuestra provincia”, afirmaron los parlamentarios.
El impacto en los bienes y recursos públicos
Sobre las consecuencias de esta iniciativa, el Bloque mencionó que “este mecanismo podría habilitar, por ejemplo, que un particular o una empresa soliciten la adjudicación de tierras fiscales y, ante el silencio administrativo, se les otorguen automáticamente, sin ninguna evaluación técnica ni control del Estado”.
En este contexto, los legisladores señalaron que hay casi 5 millones de tierras fiscales sin adjudicación en Rio Negro, las que podrían pasar a manos privadas despojando a viejos pobladores y comunidades rionegrinas de recursos clave para su desarrollo, ya que no han podido regularizarlas debido a la falta de recursos, por ejemplo, para realizar las mensuras.
“Pensando en garantizar los derechos de los efectivos tenedores de las tierras, y en base a un diagnóstico real de la demora histórica que tiene nuestra provincia en la resolución de la adjudicación de tierras fiscales, nuestro bloque presento un proyecto para regularizar esta situación, estableciendo un fondo de mensura”, explicaron y sostuvieron que, por el contrario, con el proyecto del silencio positivo propuesto por el bloque CC ARI Cambiemos, se deja a estos pobladores a merced de sectores económicos con mayor capacidad económica.
El peligro para los servicios esenciales
En el ámbito de los servicios públicos, informaron los legisladores peronistas, un reclamo o solicitud frente al silencio del Estado podría derivar en la concesión indebida de derechos de explotación o gestión sobre recursos como el agua, la energía o las telecomunicaciones, concesiones que muchas veces requieren procesos de consulta y construcción de consensos por el impacto ambiental que tienen para su entorno. “Estas decisiones automáticas ponen en riesgo la continuidad y la calidad de los servicios esenciales que debe garantizar el Estado, transfiriendo su control a sectores privados que solo buscan maximizar sus beneficios”, advirtieron.
La amenaza sobre los recursos naturales
Sobre la riqueza natural de Río Negro, como sus tierras fértiles, reservas de agua y recursos energéticos, la bancada del peronismo aclaró que también está en juego, ya que “la ausencia de controles estrictos permitiría que empresas con intereses concentrados accedan a estos bienes sin ninguna regulación adecuada, poniendo en peligro no solo el desarrollo sostenible, sino también el futuro de nuestras generaciones”.
La verdadera solución no es el “silencio positivo”
“Los defensores de esta medida alegan que agilizará trámites y dinamizará la administración pública, pero aquí no se trata de un trámite más en una oficina de rentas o una gestión menor”, opinaron los legisladores y agregaron: “Para eso este año la Legislatura ya eliminó tasas administrativas renunciando a recursos y aprobó una Ley de Modernización del Estado. También el Ejecutivo creó un Ministerio de Modernización que demanda recursos y debería alcanzar resultados en la agilización de trámites”.
El Bloque también mencionó que “el reclamo por un Estado más ágil no pasa por ponerlo de rodillas frente a intereses privados, sino por fortalecer sus competencias y capacidades. Necesitamos un Gobierno eficiente, dinámico y con un rol activo en la regulación y protección del patrimonio público. Esta ley no agiliza, entrega. No dinamiza, depreda. Es una ley que convierte al Estado en un espectador pasivo, un Estado bobo, mientras los bienes y servicios esenciales de los rionegrinos se pierden en manos de sectores concentrados”.
Recordaron además, que desde el Senado de la Nación, el senador Martín Doñate rechazó esta iniciativa y alzó la voz para señalar los peligros de medidas similares aprobadas a nivel nacional, como la Ley Nº 27.742 (Ley Bases) que aprobaron los representantes de Juntos Somos Río Negro. “Ahora, es imprescindible que los representantes de nuestra provincia se opongan a este proyecto en la Legislatura y defiendan los bienes y derechos de los rionegrinos”, afirmaron.
“Parece que estamos ante una estrategia recurrente de esta derecha local. Como lo hicieron con el RIGI, o lo hizo el PRO con la discusión de la esencialidad educativa, presentan políticas espejo con el Gobierno de Milei, que al oficialismo le cuesta justificar por pudor político frente a su electorado, pero que, sin embargo, permite y apoya su tratamiento en la Legislatura. De esta manera, le ofrecen al Gobierno de JSRN la adhesión fácil a políticas de Milei, para seguir haciendo guiños y gestualidades que hasta ahora no han sido correspondidos con beneficios para Rio Negro”, manifestaron.
Finalmente, expusieron que “más allá del contexto político y las necesidades electorales de los distintos sectores representados en la Legislatura, tenemos que dar estos debates con seriedad y preservando las capacidades estatales de nuestra provincia para definir el destino común. Por eso advertimos sobre este proyecto que destruye competencias estatales y garantiza grandes negocios. No olvidemos que nuestro rol es el de proteger los grandes intereses que están detrás de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes y servicios, y de la enorme riqueza que posee Río Negro, intereses y recursos que deben ser regulados y administrados con eficiencia, no entregados sin control”.
