Buenos Aires. El avance judicial sobre las obras sociales continúa generando un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. Debido a las millonarias deudas acumuladas por diversas instituciones, el Gobierno de Axel Kicillof ha presentado demandas judiciales ante la Justicia Federal de La Plata.
Estas acciones legales se dirigen contra más de 20 obras sociales que no han cumplido con el pago de los servicios prestados en los hospitales públicos de la provincia.
Según los detalles de los expedientes judiciales, una parte significativa de las deudas corresponde a los servicios médicos prestados en hospitales zonales e interzonales durante los últimos tres años. Entre las obras sociales demandadas se encuentran las de sectores clave como la carne, la educación privada, el transporte, así como también las de industrias como vidrio, fósforo y fibrocemento.
Una de las deudas más grandes corresponde a la obra social de Fedecámaras, que adeuda cerca de $17 millones por servicios brindados en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero en los últimos dos años. Además, la obra social Osprera, que agrupa a los peones rurales, enfrenta una demanda por unos $7 millones. En este caso, la Fiscalía de Estado de la Provincia ha solicitado medidas cautelares, entre ellas, la inhibición general de bienes y el embargo de fondos y valores.
Desde el Ministerio de Salud provincial, dirigido por Nicolás Kreplak, señalaron que el objetivo de estas acciones legales es recuperar los fondos adeudados para aliviar la difícil situación económica que atraviesan los hospitales públicos.
Por otro lado, se conoció que en 2024 más de 110 obras sociales de carácter sindical enfrentaron dificultades para cumplir con lo acordado en el plan médico obligatorio. Esto provocó un aumento en la demanda de servicios en los hospitales públicos de la provincia, ejerciendo presión adicional sobre el sistema de salud, que ya se ve afectado por las deudas y el incremento de pacientes.
Este escenario plantea un momento crítico para los hospitales públicos de la provincia, que enfrentan una crisis financiera debido a la falta de pago de estas obras sociales. Las medidas judiciales adoptadas representan un paso importante para abordar este problema y restaurar el equilibrio en el sistema de salud pública.
