Nota de Opinión. Por Pedro Pesatti (*)
La decisión del gobierno del presidente Javier Milei de impulsar una supuesta “modernización” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) debe interpretarse como una decisión que busca desembozadamente destruir un organismo fundamental para el desarrollo agropecuario, una herramienta clave para la asistencia a los pequeños y medianos productores, los verdaderos motores de cualquier economía que comprende como un concepto fundamental el equilibrio entre crecimiento y desarrollo.
Este plan, que incluye medidas como la venta de más del 80% de los campos experimentales, el despido de alrededor de 1.500 trabajadores, el cierre de agencias de extensión y asociaciones cooperadoras, y la discontinuidad de becarios institucionales, amenaza con desmantelar una institución fundamental para el desarrollo científico y productivo del agro argentino.
Desde su fundación en 1956, el INTA ha sido un motor de innovación y desarrollo, aportando avances que transformaron el agro argentino. Entre sus logros más destacados se encuentran la introducción de la siembra directa, que convirtió a Argentina en un modelo de producción agrícola sostenible, y el desarrollo de variedades de cultivos adaptadas a las diversas regiones del país. Además, ha liderado la mejora genética en la producción ganadera y la conservación de la diversidad genética en colecciones de campo, fundamentales para la sostenibilidad de los sistemas productivos y ecológicos.
El INTA también se ha consolidado como un organismo de alcance federal, con más de 40 estaciones experimentales y más de 300 agencias de extensión distribuidas por todo el territorio nacional. Su presencia en todas los rincones de nuestra geografía le permite atender las necesidades de productores de todos los estratos, desde grandes exportadores hasta pequeños y medianos agricultores. Sus programas, como el emblemático Prohuerta, han tenido un impacto directo en la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida de miles de familias en situación de vulnerabilidad.
El plan de ajuste propuesto, que incluye la reducción de campos experimentales, personal y recursos materiales, pone en peligro la capacidad operativa del INTA y altera profundamente su misión. Convertirlo en una mera “Agencia de Ciencia y Divulgación”, al servicio de sectores privados y una agenda agroexportadora, significa abandonar a los pequeños y medianos productores, a las Pymes del sector agroalimentario y forestal, y a los programas sociales que el INTA ha sostenido históricamente.
Además, la propuesta plantea el desmantelamiento de áreas clave como el Centro de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (CIPAF) y sus institutos (IPAF), así como una revisión estructural de la Dirección Nacional y los programas nacionales. Estas medidas comprometen no sólo la misión del INTA, sino también la diversidad y amplitud de sus funciones, esenciales para enfrentar desafíos como el cambio climático y la sostenibilidad de los sistemas productivos.
El INTA es mucho más que una institución técnica: es el resultado del esfuerzo intergeneracional de profesionales altamente calificados que, a lo largo de su historia, han trabajado en contextos políticos y económicos diversos para convertirlo en un referente de innovación y desarrollo en América Latina. Si bien es perfectible, como toda institución, cualquier mejora debe realizarse con respeto, transparencia, y participación activa de sus profesionales, no mediante un desguace con barbarie que pone en riesgo su existencia misma.
Desmantelar el INTA es un error estratégico y es un ataque directo al federalismo, a la ciencia y a los pequeños productores que representan el corazón del agro argentino. Es inadmisible, por lo tanto, que se puedan proponer estas medidas para resolver los problemas que tenemos, y que nadie desconoce, porque profundizarán el debilitamiento del país en materia de ciencia y tecnología aplicadas para nuestro desarrollo, el camino, paradójicamente, que podría sacarnos del atolladero en el que hace décadas estamos atrapados. Es necesario, por consiguiente, un debate amplio para reflexionar sobre la importancia de proteger y fortalecer instituciones que son pilares del desarrollo argentino y que llevan la sagrada impronta del federalismo.
(*) Vicegobernador de Río Negro
